En contraste, es innegable que Guanajuato es ejemplo nacional en materia de crecimiento económico; pese al clima de inseguridad que atravesamos, la economía y desarrollo social de nuestra entidad sigue avanzando.
Redacción
León, Gto; 25 de septiembre, 2019. En relación a la solicitud de los Senadores del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República para la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, los organismos del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) reprobamos enérgicamente que se usen los poderes del Estado para generar revanchas políticas que dividen a la sociedad y frenan su desarrollo.
Es evidente, que tras la petición de los Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) de desaparecer los poderes en Veracruz, debido a la injustificada remoción del Fiscal Jorge Winkler, así como los reclamos que han realizado los gobiernos panistas a la Federación por el reparto inequitativo de los recursos, la fracción Morenista en el Senado haya recurrido al revanchismo político para inhibir los legítimos reclamos de recursos para los guanajuatenses.
Resulta inconcebible que los senadores Morenistas sustenten su petición en la inseguridad que vive Guanajuato, cuando la mayoría de los delitos registrados en nuestra entidad son del ámbito federal y el lamentable crecimiento en la incidencia delictiva se ha generado en gran medida por el abandono de la Federación a la única entidad que no favoreció con sus votos al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, en el pasado proceso electoral.
Los guanajuatenses reconocemos la problemática de inseguridad que vive nuestra entidad y como iniciativa privada hemos sido los primeros en señalar la urgencia de devolver la paz a nuestras familias; sin embargo, se trabaja fuertemente en lograr este objetivo. Sociedad y gobierno trabajamos afanosamente en esta tarea.
En contraste, es innegable que Guanajuato es ejemplo nacional en materia de crecimiento económico; pese al clima de inseguridad que atravesamos, la economía y desarrollo social de nuestra entidad sigue avanzando.
La petición planteada es jurídicamente improcedente pues de ninguna manera se reúnen las causales establecidas en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que debería estar revisándose hoy en el legislativo es el manejo faccioso, clientelar y partidista del gobierno federal.
