El Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido con la transparencia que prometió, pues a un año de su gobierno las licitaciones directas han incrementado así como los fondos económicos para programas sociales sin reglas de operación.
Devin Ayala
Guanajuato, Gto., 04 de Febrero 2020.- El Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha cumplido con la transparencia que prometió, pues a un año de su gobierno las licitaciones directas han incrementado así como los fondos económicos para programas sociales sin reglas de operación.
El secretario provisional del comité, Alejandro Arias Ávila, reveló que el presidente de la república no ha cumplido con sus promesas de campaña, pues dijo que tres de cada cuatro contratos que ha realizado su gobierno, han sido por adjudicación directa.
Ejemplificó que en 2018 el 76.23 por ciento de los contratos se asignaron por adjudicación directa, en 2019 ese porcentaje aumentó al 78.16 por ciento, beneficiando a 30 instituciones, estando en el lugar número uno el IMSS.
Aunado a ello, denunció que también se está privilegiando programas sociales que no cuentan con reglas de operación, destacando cinco de ellos: Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal de Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Sembrando Vida, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y Crédito Ganadero a la Palabra.
Dijo que en 2019 se ejercieron 269 mil millones de pesos a través de programas sujetos con reglas de operación, para este año serán 234 mil 100 millones los que se apliquen de esa manera, es decir, 34 mil 900 millones de pesos menos.
Mientras que para los programas sin reglas definidas, en 2019 se presupuestaron 387 mil 700 millones, y para este 2020 se podrán aplicar 409 mil 400 millones de pesos.
Las reglas de operación para dichos programas sociales, así como para el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar tienen que estar en algunos casos para finales de febrero, y otros a mediados de año, de lo contrario, no se podrán evaluar los programas sociales ni medir su alcance.
