Frente a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y la falta de acciones contundentes en materia económica por parte del Gobierno Federal, la Diputada Federal del Partido Acción Nacional, Ángeles Ayala Díaz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para ampliar de 8 a 12 semanas el derecho a recibir asistencia médica y atención hospitalaria, a los trabajadores asegurados por el IMSS que pierdan su empleo.
Redacción
León, Gto; 02 de abril de 2020.- Frente a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y la falta de acciones contundentes en materia económica por parte del Gobierno Federal, la Diputada Federal del Partido Acción Nacional, Ángeles Ayala Díaz, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para ampliar de 8 a 12 semanas el derecho a recibir asistencia médica y atención hospitalaria, a los trabajadores asegurados por el IMSS que pierdan su empleo.
Aunque el presidente de la República llama a conservar los empleos, dijo, el estado de emergencia que vive el país está limitando los establecimientos comerciales y parando la industria nacional, por lo que de continuar con esta tendencia, no podrán permanecer abiertos por mucho tiempo y se verán en la necesidad de despedir personal, ante la falta de ingresos y el nulo respaldo del Gobierno Federal.
Recordó que en el caso de la pandemia del AH1N1 en 2009, en el mes de abril de ese año se perdieron 31,062 plazas formales. Entonces el gobierno mexicano buscó contener los despidos al promover la exención del impuesto sobre nómina y descuentos temporales en
las aportaciones a seguridad social y al fondo de vivienda.
“Las autoridades sanitarias del País han manifestado que la pandemia de coronavirus podría extenderse hasta septiembre u octubre. Frente a este escenario, es urgente tomar medidas inmediatas”, puntualizó la diputada por el Tercer Distrito Federal con sede en León.
Actualmente el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, prevé que cuando un trabajador pierde su empleo, tiene derecho a los servicios de salud otorgados por el IMSS por 8 semanas posteriores al término de la relación laboral.
Con esta iniciativa, al quedarse el trabajador sin empleo formal, y por ende sin ingresos, se le estaría apoyando a él y a sus beneficiarios garantizándoles por 12 semanas la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, disminuyendo así los resultados negativos de posibles afectaciones en una situación de alto riesgo para su salud, como la actual contingencia sanitaria.
