CDMX, 14 de noviembre de 2024.- En dos denuncias presentadas tanto a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, diversas organizaciones de la sociedad civil solicitan que se recomiende a los Estados Unidos de México la inmediata suspensión de la reforma judicial, por sus evidentes afectaciones a la independencia judicial, así como los impactos que podía tener en el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas las personas con discapacidad, y la falta de consulta con estos grupos especialmente vulnerables.
Las organizaciones denunciantes, entre las cuales se encuentran México Justo AC y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (en adelante, CLADH), consideran necesario revisar dicha reforma en procesos consultivos y participativos adecuados y transparentes destinados a lograr consensos con todas las personas y grupos que pueden verse afectados, y escuchando las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.
En conferencia de prensa, estas organizaciones informaron que ambas denuncias fueron presentadas ante los organismos internacionales en el mes de octubre, con el fin de que la Comisión Interamericana, con fundamento en el artículo 41 de la CADH, solicite al gobierno mexicano información detallada sobre las medidas implementadas para garantizar el respeto a la independencia judicial, así como los mecanismos de consulta previa, libre e informada con los pueblos indígenas y las consultas con las personas con discapacidad, y las acciones emprendidas para asegurar la protección de sus derechos.
En la segunda denuncia se requirió a las Relatorías Especiales de la ONU que envien una comunicación al gobierno mexicano advirtidendo sobre las violaciones de derechos humanos que la reforma genera y pidiendo explicaciones sobre medidas implementadas para garantizar el pleno respeto a la independencia judicial, al igual que los mecanismos de consulta previa con los pueblos indígenas y personas con discapacidad que se habrían implementado. Esta segunda denuncia fue acompañada también por la organización Amor Sin Fronteras, especializada en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad en México.
Las organizaciones de la sociedad civil consideran que la reforma judicial en México se aprobó en un preocupante contexto de intimidación hacia jueces y magistrados, marcado por claras injerencias indebidas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como motivadas por el descontento ante ciertas decisiones judiciales: “Miles de jueces y juezas cesarán en sus cargos. Estas reformas violan los estándares internacionales de independencia judicial, particularmente en la elección popular de jueces sin las debidas garantías para nombramientos en virtud del mérito profesional y la idoneidad, lo cual podría permitir una mayor injerencia política, e incluso del narcotráfico, en decisiones judiciales”.
Durante la conferencia, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, afirmó que, en las actuales condiciones de la Reforma, ésta será un rotundo fracaso, ya que no asistiría ni el 5% del padrón a votar por supuestos expertos de los cuales la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos desconoce sus antecedentes y capacidades.
Si bien en México la reforma es legal, ésta no será legítima, dijo, ya que las elecciones serán definidas por unos cuantos y si bien se le ofrece a la ciudadanía la posibilidad de participar, nunca se le permitió a los organismos especializados la opción de formar parte de un proceso para configurar las opciones de elección.
Por su parte, Tania Reyes, secretaria técnica de México Justo, reconoció que los mecanismos a nivel nacional para revertir la reforma judicial están prácticamente agotados, por lo cual “aún se está a tiempo” de acudir a herramientas internacionales en donde sí puede haber una sentencia para detener la reforma.
Asimismo, la abogada América Bárcenas, colaboradora y miembro del Consejo Académico de México Justo, afirmó que la reforma judicial mexicana es el resultado de un mecanismo fast track, en el cual no existieron mesas de dialogo, no se revisaron los estándares internacionales sobre independencia judicial y en el que desde luego no hubo consensos, consultas ni contrapesos.
Desde Argentina, la abogada Fabiola Cantú explicó por su parte los argumentos legales que fundan estas dos denuncias internacionales y añadió que las organizaciones denunciantes buscan agotar todas las herramientas de presión necesarias que tiene la CIDH para buscar detener dicha Reforma y sumar perspectivas diferentes en la discusión que no han sido consideradas hasta el momento.
Las organizaciones denunciantes consideran finalmente que, de no detenerse esta reforma, la independencia judicial y la separación de poderes en México se verán ampliamente comprometidas, al tiempo que tendrá un impacto directo y desproporcionado sobre los derechos de las personas con discapacidad y los pueblos y comunidades indígenas en México.
