Guanajuato, Guanajuato, 23 de abril de 2025 – Este miercoles, la Delegada Nacional de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha, presentó una denuncia formal ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la cual fue recibida por el Auditor Juan Víctor Fonseca López.. La denuncia solicita la apertura de una investigación excepcional sobre el caso de GTO Leasing Services S.A.P.I. de C.V., empresa financiada con recursos públicos provenientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
La denuncia, sustentada en pruebas documentales y legales, expone una serie de irregularidades administrativas, financieras y contractuales en la constitución, operación y eventual privatización de GTO Leasing. Entre los hallazgos más relevantes destacan:
- La inversión inicial de 143 millones de pesos del ISSEG en una empresa con fines lucrativos, sin transparencia ni retorno comprobable.
- Contratos de arrendamiento adjudicados con hasta un 54% de sobreprecio, en comparación con proveedores del mercado.
- Conflictos de interés entre servidores públicos del ISSEG y la administración de GTO Leasing.
- La exclusión deliberada de la empresa del padrón de sujetos obligados a transparentar información, a pesar de manejar recursos públicos.
- La liquidación anticipada de la empresa sin auditoría previa, dejando sin claridad el destino del dinero público invertido.
“El ISSEG no solo participó como accionista mayoritario, sino que fue promotor, operador y facilitador del modelo empresarial que terminó favoreciendo a intereses privados en perjuicio del fondo de pensiones de las y los trabajadores del estado”, denunció Rocha Aguilar.
En Movimiento Ciudadano reiteramos nuestro compromiso con la rendición de cuentas y exigimos que las autoridades correspondientes:
- Inicien de inmediato una investigación a fondo sobre las operaciones de GTO Leasing y el papel del ISSEG.
- Determinen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas del mal uso de recursos públicos.
- Transparenten los contratos, montos, beneficiarios y condiciones de la relación entre el Gobierno del Estado y esta empresa.
Este caso representa una grave violación a los principios de legalidad y uso ético del dinero público. No permitiremos que el patrimonio de las y los trabajadores siga siendo utilizado para negocios opacos.
