Mexicanos contra la Corrupción
Las policías de 21 estados pagaron por adelantado 122 millones de pesos para la adquisición de armas y municiones para enfrentar a la delincuencia, pero la Secretaría de la Defensa Nacional no cumplió con la entrega. El problema se agudizó en los estados en los que se han disparado los índices de inseguridadVerónica Ayala y Valeria Durán24 de noviembre de 2021
Una llamada anónima al número de emergencias 911, alertó a las autoridades de Chihuahua del asesinato a balazos de cuatro mujeres y un hombre –todos jóvenes menores de 30 años- en una casa de la colonia Villa Vieja. Horas antes, otros dos jóvenes habían sido acribillados en una camioneta que estaba estacionada en un centro comercial de la capital chihuahuense.
Estos asesinatos múltiples ocurrieron el pasado 24 de octubre, y reflejan una problemática creciente de violencia en Chihuahua, el cuarto estado del país con mayor índice de homicidios.
Mientras los asesinatos se multiplican, las autoridades estatales enfrentan problemas para recibir armamento para enfrentar a los grupos criminales.
En 2020 el Gobierno de Chihuahua pagó 22 millones de pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para comprar 570 armas y 714 mil cartuchos, pero hasta agosto del presente año seguía sin recibir ese armamento.
Esta problemática no se presenta sólo en Chihuahua. El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la SEDENA omitió entregar más de 122.4 millones de pesos en armas, municiones, cartuchos y cargadores para armas largas y cortas a 21 estados del país.
Entre los estados afectados, que no recibieron el armamento pagado a la Sedena, están siete ubicados en el top ten de los más violentos: Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Veracruz y CDMX.
El incumplimiento de la SEDENA para entregar armas se agudizó el año pasado. En 2018 la ASF identificó 32 millones de pesos en armamento no entregado a 9 estados, para el año siguiente se elevó a 42 millones en 11 estados y en 2020 fue de 122 millones en 21 estados, de acuerdo con una revisión realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de las auditorías a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
