La diputada explicó que el “halconeo”, es cuando la delincuencia copta personas para que reúnan información privilegiada, misma que los criminales usan para cometer un delito, entorpecer o impedir el trabajo de las áreas de seguridad. Con el voto de 34 diputados, se aprobó reformas al Código Penal con las que se sancionará con una pena mayor e inhabilitación a los servidores públicos, pertenecientes a instituciones de seguridad del estado y los municipios, que faciliten información para la realización de conductas delictivas.
Mike García
Guanajuato, Gto., 1 de Agosto 2019. Por unanimidad, los diputados del Congreso del Estado de Guanajuato, aprobaron dar hasta más de 13 años a los servidores públicos que brinden información en materia de seguridad, también llamados «halcones».
Esta acción se dará con la reforma al código penal, así lo señaló la Laura Cristina Márquez Alcalá, durante su participación en sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Guanajuato.
La diputada explicó que el “halconeo”, es cuando la delincuencia copta personas para que reúnan información privilegiada, misma que los criminales usan para cometer un delito, entorpecer o impedir el trabajo de las áreas de seguridad.
Con el voto de 34 diputados, se aprobó reformas al Código Penal con las que se sancionará con una pena mayor e inhabilitación a los servidores públicos, pertenecientes a instituciones de seguridad del estado y los municipios, que faciliten información para la realización de conductas delictivas.
En dicho dictamen, se establece que al servidor público que proporcione información que conozca con motivo de sus funciones para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se les sancionará con tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días de multa.
La diputada Laura Cristina Márquez, explicó que si el sujeto activo del delito es integrante de institución de seguridad pública, procuración de justicia o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción de aumentará hasta con una mitad del máximo.
Asimismo, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
