Durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado, la diputada Sandra Pedroza, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reconocer la violencia ácida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora destacó que la violencia contra las mujeres es un «problema estructural que, además de reflejar la desigualdad de género que aún persiste, perpetúa un sistema de opresión que limita el pleno desarrollo de mujeres y niñas como integrantes de la sociedad, todo ello producto de una cultura machista y misógina».
Pedroza Orozco subrayó que la violencia ácida es una de las formas más perversas, crueles e infames de agresión de género, tanto por el dolor que causa como por la simbología de su uso con sustancias corrosivas. Señaló que, al igual que en otros tipos de violencia contra las mujeres, la mayoría de estos ataques son perpetrados por hombres. En este sentido, enfatizó que en el 94% de los casos reportados, la víctima es una mujer, mientras que en el 87% de los casos, el agresor es un hombre.
La diputada también compartió cifras que muestran que al menos 3,354 mujeres han sido víctimas de ataques con ácido u otras sustancias químicas en México en los últimos 12 años (2010-2022), lo que equivale a un promedio de 270 mujeres hospitalizadas anualmente debido a estas agresiones. Además, destacó que, según registros de la Secretaría de Salud, en Guanajuato se documentaron 578 casos en los primeros años del registro, mientras que en 2022 se contabilizaron 102.
La iniciativa presentada por Pedroza Orozco busca reconocer la violencia química dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guanajuato. Esta sería definida como cualquier acción no accidental dirigida contra una mujer con la intención de causarle daño mediante el uso de sustancias químicas, gases, compuestos corrosivos, cáusticos, irritantes, tóxicos, inflamables, explosivos, reactivos, líquidos a altas temperaturas, o cualquier otra sustancia capaz de provocar lesiones internas o externas, temporales o permanentes, discapacidades o poner en peligro la vida de la víctima.
Además, la propuesta contempla otorgar facultades a la persona titular de la Secretaría de Salud para llevar un registro sistematizado, clasificado e identificado de las personas atendidas por ataques con sustancias químicas, ácido o elementos corrosivos. Este registro será remitido al Instituto de las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) con el objetivo de desarrollar políticas públicas para prevenir, atender y erradicar esta forma de violencia. Asimismo, se establece la obligación de informar al Ministerio Público para que la autoridad persiga el delito de oficio, con la correspondiente tipificación en el Código Penal del Estado de Guanajuato.
Finalmente, la iniciativa propone incluir la violencia química como un agravante en el delito de lesiones dentro del Código Penal del Estado cuando el medio utilizado corresponda a alguna de las sustancias relacionadas con esta forma de agresión.
